Mapuche denuncian al estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Caso Poluco Pidenco

Martes 26 de abril de 2005, por Administrador // Archivo de Noticias - Primer Semestre 2005

fuente: Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos políticos Mapuche.

Los mapuche condenados a la pena de 10 años y un día por incendio terrorista en un predio forestal de la empresa Forestal MININCO S.A. Es decir, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, los tres primeros cumpliendo condena en la cárcel de Angol y los dos últimos en la clandestinidad, formularon una queja contra el estado chileno por violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos; principalmente por el atropello al principio de culpabilidad y presunción de inocencia.

Cabe recordar que el citado juicio fue llevado en el tribunal de Angol entre los días 29 de julio y 17 de agosto del 2004 y terminó en una sentencia condenatoria de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio más la accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por incendio terrorista, más el pago solidario de una indemnización a la forestal MININCO S.A. de $ 424.964.798, por ello en la acusación señala “la sentencia condenatoria que se dictó en nuestra contra es el resultado de una pluralidad de atentados a nuestros derechos esenciales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos atentados a nuestros derechos se produjeron tanto durante el proceso de la investigación como durante el juicio en la sentencia condenatoria y en la instancia de la revisión del fallo por un tribunal superior”.

Por ello apelan a sus derechos vulnerados 8.2 letras c y f de la Convención Americana de Derechos Humanos y que son en resumen, la concesión a todo acusado de contar con tiempo y medios para preparar su defensa como el derecho a interrogar. Violación que se produjo cuando los testigos presentados por el Ministerio Público en contra de los mapuche modificaron radicalmente sus declaraciones, cuestión que se produjo producto que días anteriores el Ministerio Público concentró sus testigos en unas cabañas en la ciudad de Lautaro, donde recibieron sendas visitas tanto de fiscales como de policías y de asesoramiento psicológico para asegurar una declaración persuasiva.

Así también se omitió la prueba de descargo rendida por la defensa de los mapuche y su manifestación más clara está en el vigésimo cuarto considerando de la condena donde se señala “el resto de las pruebas rendidas por las partes, nada alteran las conclusiones a las que arribó este tribunal”.

Como también ocurrió un hecho puntual en el caso del inculpado José Huenchunao Mariñan a quien se negó la comparecencia de un testigo de coartada don Carlos Liberona Vergara, en la etapa de investigación el Ministerio Público se negó a recibir dicha declaración argumentando el cierre de la investigación.

Pero el hecho más grave es que se coartó su derecho a ser oídos por un tribunal parcial que garantice por sobre todo la presunción de inocencia, lo que no ocurrió, por cuanto los jueces para catalogar el delito de terrorista copiaron textualmente otra sentencia que se había dictado en el considerando décimo de la causa Rit 022003 del 14 de abril del 2003, en el juicio seguido contra los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin y Patricia Troncoso Robles.

Hay que recordar que por este hecho los hermanos Jaime y Patricio Marileo y Patricia Troncoso presentaron una querella criminal por prevaricación en contra de los jueces que dictaron la sentencia en su contra, la causa esta ingresada como Rit 257-2005 del juzgado de garantía de Angol, la que fue acogida.

De esto se desprende el sentir xenofóbico de estos jueces, ya que violaron gravemente el principio de culpabilidad y se da por hecho que estos mapuche antes de ingresar al juicio estaban ya condenados como terroristas.

En la sentencia del considerando cuarto señala la fiel copia de la sentencia contra los lonko “es de público conocimiento que durante el año 2001 algunas personas vinculadas o pertenecientes a la etnia mapuche privilegiando el uso de métodos violentos para obtener demandas y reivindicaciones territoriales atentando contra personas instalaciones, vehículos y maquinarias de particulares y empresas instaladas en diversos sectores geográficos de la provincia de Malleco, con consecuencias negativas para la seguridad y tranquilidad publica para la integridad física de los ciudadanos y para el progreso y desarrollo de la zona. El incendio del fundo Poluco Pidenco se inserta dentro de esta dinámica de conflicto”. Así se les condeno de terroristas copiado de otra sentencia absteniéndose, así los jueces de recibir pruebas para comprobar si existía o no el carácter de terrorista el párrafo es tan xenofobico en su sentido que habla de “atentados a bienes particulares y de afectar al tranquilidad pública”.

Se invoca también el principio de la igualdad y la no discriminación por cuanto todos lo testigos que señalan la participación directa de los acusados han recibido importantes sumas de dinero por parte del ministerio publico, es así como: Juan Ignacio Queipul Levinao, $ 2.685.867, Sergio Iván Ortiz Martín $ 1.124.908 , Sergio Martín Martín $ 2.793.710, Luis Alberto Toledo Torres $ 1.434.858, Luis Queipo Toledo $ 1.047.940, Juan Carlos Ñancucheo Huenulao $ 1.349.737, José Mario Ñancucheo Huenulao $ 1.432.940, Luis Alberto Ñancucheo Huenulao $ 4.757.960, Luis Federico Lican Montoya $ 2.888.936. Pago que se justifica en presunta protección con dinero de contribuciones de todos lo chilenos, se alimentan y protegen a estos parásitos, el personal policial transita en vehículos todo terreno, sin patentes vistiendo tenidas militar en la presunta protección de estos señores, lo que responde verdaderamente al hostigamiento del resto de la comunidad.

Finalmente en el resto de la presentación de la denuncia contra el estado chileno los mapuche denuncian a la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia en que se recurrió para anular el juicio por parte de la defensa. En esta instancia judicial la corte se abstuvo de considerar numerosos argumentos de las alegaciones revisando parcialmente el fallo lo cual no prosperó manteniéndose la condena.

Es importante considerar varios elementos uno de ellos es que es presentado por los propios mapuche, ya que no existe una representación político jurídica seria y comprometida honestamente con la causa mapuche.

También es el cuarto caso que se presenta en menos de dos años por el mismo contexto, el primero por la condena de los lonko Pichun y Norin, el segundo por el asesinato de Alex Lemun y el tercero por la condena de los hermanos Pichun Collonao.

Así como lo xenofóbico que ha sido la Corte Suprema chilena, ya que toda vez que una resolución judicial es favorable a los Mapuche, dicha instancia los anula convocando la realización de nuevos juicios concluyendo siempre con condenas terroristas para los mapuche como es el caso de los lonko y la reciente anulación del caso de Asociación Ilícita Terrorista. Situación que responde a la fuerte presión del Gobierno de Chile, la forestal Mininco y los latifundistas quienes tienen un excelente representado, Juan Agustín Figueroa Yavar quien en el último tiempo se ha convertido en un verdadero Alá que no puede ser mencionado por lo infieles.

Una prueba de esto es que se habría escrito un comunicado público, emanado supuestamente de los lonko Pichun y Norin, en dicho comunicado este señor se sintió profundamente amenazado, por ello el fiscal nacional Piedrabuena, el mismo que se reunió en secreto con Lavandero (acusado de abuso sexual a menores) nombró a uno de sus mejores paladines Sergio Moya quien está investigando la presunta amenaza terrorista y con ello se impide manifestarse y pronunciarse en contra de estos poderosos patanes antimapuche.

Es en este escenario en que se envía esta denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregando además que se está realizando un juicio oral por los mismos hechos contra Juan Carlos Huenulao Lienmil, quien se encontraba en la clandestinidad y el resultado no es muy difícil de predecirlo, CULPABLE, y si por suerte saliera inocente el dueño de la ley Chilena Agustín Figueroa se encargará de anularlo y buscar la realización de un nuevo juicio donde sea declarado culpable.

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