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Convenio OIT 169

Sábado 19 de febrero de 2005

Convenio sobre pueblos indígenas
y tribales, 1989 (No ratificado en Chile)

INDICE DE PARTES DEL CONVENIO

Parte I. Política
General

Parte II. Tierras
Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo
Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias
Rurales

Parte V. Seguridad Social y Salud
Parte VI. Educación y Medios de Comunicación
Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las
Fronteras

Parte VIII. Administración
Parte IX. Disposiciones Generales
Parte X. Disposiciones Finales

PREAMBULO

La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada
en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales
enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas
y tribales, 1957;

Recordando los términos de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales
sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución
del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación
de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar
la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de
esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida
y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del
mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en
el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven
y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una
erosión;

Recordando la particular contribución
de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía
social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión
internacionales;

Observando que las disposiciones
que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones
Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial
de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los
niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito
de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación
de estas disposiciones;

Después de haber decidido
adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión,
y

Después de haber decidido
que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que
revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957,adopta,
con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas
y tribales, 1989:

TEXTO

Parte
I. Política General

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países
independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por
una legislación especial;

b) a los pueblos en países
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica a la
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente
Convenio.

3. La utilización del término
[ pueblos ] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de
que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá
incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de
dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que
la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad
de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los
pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de
vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y
tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones
de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres
y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna
forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos
en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones,
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán
ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación
de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del
presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse
los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración
la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con
la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar
nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del
presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través
de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas
que les conciernan;

c) establecer los medios para el
pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo
en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe
y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán
tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones
de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación, deberá
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones
donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar
por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación
con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual
y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas
puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar
medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración
sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán
tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de
este principio.

3. La aplicación de los párrafos
1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país
y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible
con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos
cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales
llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta
las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales
previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán
tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia
a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar
la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales
obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos
previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán
tener protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.
Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles,
si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte
II. Tierras

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de
esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según
los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los
aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término
[ tierras ] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los
pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención
a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar
las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva
de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos
adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de dichos
recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado
la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades.

Artículo 16

1. A reserva de lo dispuesto en los
párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados
no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado
y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo
deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado
y la reubicación sólo deberá tener lugar al término
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados
tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos
pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales
en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible,
tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio
de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos
los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean
por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que
les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando
los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero
o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización,
con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente
a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño
que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las
modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los
pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras
o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas
extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes
a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones
apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas
a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales
deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes
a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) la asignación de tierras
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes
para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente
a su posible crecimiento numérico;

b) el otorgamiento de los medios
necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Parte
III. Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20

1. Los gobiernos deberán adoptar,
en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes
a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación
y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente
por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer
cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás
trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a) acceso al empleo, incluidos los
empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

b) remuneración igual por
trabajo de igual valor;

c) asistencia médica y social,
seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social
y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

d) derecho de asociación,
derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o
con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán
en particular garantizar que:

a) los trabajadores pertenecientes
a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales
y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como
los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección
que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de
los recursos de que disponen;

b) los trabajadores pertenecientes
a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas
o a otras sustancias tóxicas;

c) los trabajadores pertenecientes
a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos,
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

d) los trabajadores pertenecientes
a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y
mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial
atención a la creación de servicios adecuados de inspección
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores
pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento
de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte
IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados
deberán poder disponer de medios de formación profesional por
lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22

1. Deberán tomarse medidas
para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional de aplicación
general.

2. Cuando los programas de formación
profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades
especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar,
con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición
programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de
formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos
interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación
con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización
y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán
asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

1. La artesanía, las industrias
rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la
economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la
pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse
como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia
y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos,
y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan
y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos
interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia
de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte
V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24

Los regímenes de seguridad
social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y
aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

1. Los gobiernos deberán velar
por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control,
a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física
y mental.

2. Los servicios de salud deberán
organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios
deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos
interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas,
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención,
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria
deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud,
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles
de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales
servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales,
económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte
VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26

Deberán adoptarse medidas
para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de
adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad
con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

1. Los programas y los servicios
de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse
y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos
y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá
asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación
en la formulación y ejecución de programas de educación,
con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de
la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán
reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios
de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28

1. Siempre que sea viable, deberá
enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir
en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la
adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas
adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar
la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones
para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover
el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29

Un objetivo de la educación
de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y
en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad
nacional.

Artículo 30

1. Los gobiernos deberán adoptar
medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin
de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe
al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación
y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse,
si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31

Deberán adoptarse medidas
de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional,
y especialmente en los que estén en contacto más directo con los
pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener
con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por
asegurar que los libros de historia y demás material didáctico
ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades
y culturas de los pueblos interesados.

Parte
VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Artículo 32

Los gobiernos deberán tomar
medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar
los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales
a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica,
social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte
VIII. Administración

Artículo 33

1. La autoridad gubernamental responsable
de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de
que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los
programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones
o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño
de sus funciones.

2. Tales programas deberán
incluir:

a) la planificación, coordinación,
ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;

b) la proposición de medidas
legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control
de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los
pueblos interesados.

Parte
IX. Disposiciones Generales

Artículo 34

La naturaleza y el alcance de las
medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse
con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35

La aplicación de las disposiciones
del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas
garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones,
instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos
nacionales.

Parte
X. Disposiciones Finales

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente
Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio
entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado
este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período
de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente
en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado
este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente,
no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo
podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40

1. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones
y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de
la Organización el registro de la segunda ratificación que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará
en vigor el presente Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un
Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo
39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre
en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará
en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44

Las versiones inglesa y francesa
del texto de este Convenio son igualmente auténticas


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